ESPECIALIZACIÓN EN PENAL JUVENIL VUELVE LA MIRADA A SIETE ZONAS DEL PAÝS

Juzgados Penales Juveniles Especializados funcionarán en Pérez Zeledón, Corredores, San Carlos, San Ramón, Liberia, Nicoya y Pococí.

Andrea Marín Mena
Periodista

Un servicio más especializado que impacte la atención que se brinda en la tramitación de los asuntos penales en materia penal juvenil, brindando mejores condiciones de atención a las personas usuarias es a lo que apuesta el Poder Judicial, con el proyecto de especialización en penal juvenil, que contempla el inicio de funciones de siete juzgados penales juveniles especializados. Estos nuevos despachos se ubican en Pérez Zeledón, Corredores, San Carlos, San Ramón, Liberia, Nicoya y Pococí y atenderán exclusivamente los asuntos penales juveniles, que en algunos lugares anteriormente eran tramitados en despachos de Familia o mixtos, desde el pasado 1 de julio. “El tener juzgados especializados genera muchos beneficios para las personas usuarias, tanto para las personas menores de edad en conflicto con la ley, como para las víctimas y la comunidad, en primer lugar por la cercanía que tendrán con el servicio público, el cual debe garantizarse su calidad y su especialización, hacia una población que está en la mayoría de las veces en condición de vulnerabilidad y requiere un apoyo integral y esto implica ese acercamiento con la comunidad para darle una solución al conflicto”, afirmó la magistrada de la Sala Tercera y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia en Materia Penal Juvenil, Doris Arias Madrigal.

La jerarca judicial agregó que la creación de estos despachos evita que las víctimas deban trasladarse a lugares que centralizan estos servicios y que muchas veces impide una atención más personalizada. Los equipos de trabajo estarán integrados por una o dos personas juzgadoras, junto a un puesto de coordinador/a judicial 2 y dos técnicos/as judiciales, según las necesidades y características especiales de la zona de trabajo.“Estos despachos que se especializan incorporarán dentro de sus metodologías de trabajo, aquellas aprobadas por el Consejo Superior como lo son las redes de apoyo institucional, las audiencias tempranas y el programa de Justicia Restaurativa, que procura una resolución distinta a la prisión, en los conflictos penales juveniles, pues se trata de sanciones alternativas que procuran la inserción social de las personas menores de edad en conflicto con la ley. Y hay que tener claridad, que la criminalidad de personas menores de edad no siempre están relacionadas con una forma de comportamiento criminal, sino con las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchas de estas personas menores en desarrollo y que podrían ser atendidas con sanciones alternas a la privación de libertad”, destacó la magistrada Doris Arias.

Para la funcionaria judicial, lo ideal es que la población menor de edad tenga una atención adecuada y a tiempo, que les permita generar un proyecto de vida, que no sea relacionado con la cárcel. Estas acciones vienen a reforzar los compromisos adquiridos por Costa Rica en convenciones internacionales que señalan la importancia de ejecutar acciones dirigidas a propiciar una justicia penal juvenil especializada con un servicio de calidad. “La selección de los despachos se hizo a través de un informe emitido por el Departamento de Planificación, donde se hizo un diagnóstico del estado de todos los Juzgados Penales Juveniles, observando que algunos de estos ya funcionaban integrados al trámite de asuntos de Familia y Violencia Doméstica. El volumen de trabajo en penal juvenil se incrementó, llegando en algunos casos a alcanzar cerca de 900 expedientes pendientes y que consideramos debían ser atendidos de forma prioritaria. Muchos de esos despachos nos dieron la alerta y de allí surge la elección de los despachos especializados que entran en funciones”, explicó Arias Madrigal.

Uno de los criterios que se consideraron para la selección de los siete despachos especializados fueron las zonas que requerían una concentración de servicios, los cuales se encontraban muy lejos de la población usuaria y que necesitaban una resolución acorde con las necesidades específicas. “Incluso esta especialización lleva a que la materia penal juvenil sea vista en forma integral, no solo contemplando al Ministerio Público, sino también a la Defensa Pública, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y el Organismo de Investigación Judicial. De esta manera, el recurso humano debe ajustarse a las políticas aprobadas por Corte Plena en cuanto al “Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica”.

Estos siete despachos se suman a los seis que actualmente laboran como juzgados penales juveniles ubicados en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Limón y Puntarenas.

Trabajo coordinado

En abril del 2013, el Consejo Superior en su sesión Nº 34-13, conoció el informe elaborado por el Departamento de Planificación, en materia de especialización de la materia Penal Juvenil, con lo cual se dio la aprobación para iniciar con este proceso en siete circuitos judiciales. La puesta en funcionamiento del proyecto de especialización de estos siete despachos propició el trabajo coordinado de diversas instancias judiciales, en el que participaron la Subcomisión Penal Juvenil, bajo la coordinación de la magistrada Doris Arias Madrigal, la Dirección Ejecutiva, los Departamentos de Planificación, Gestión Humana, Tecnología de la Información, Proveeduría, Servicios Generales, Trabajo Social y Psicología y la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La preparación de cada uno de los despachos especializados contempló un plan de giras a cada lugar. “Consideramos que era necesario ir a visitar cada zona, para adecuar las necesidades que teníamos a cada uno de esos despachos especializados y eso hicimos. En cada uno surgieron particularidades sobre la conveniencia o no de la separación, se visualizaron las cargas de trabajo, las necesidades de la exclusividad, cuáles eran los lugares más cercanos a la población meta de trabajo y se trató en primera instancia de abarcar estos lugares. Todas estos aspectos se tomaron en cuenta como prioridades, a partir de un estudio técnico elaborado por el Departamento de Planificación que señalaba la atención de necesidades específicas de forma prioritaria”, detalló Arias Madrigal. De acuerdo con la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, dadas las particularidades de cada zona, algunos despachos se conformaron con plazas nuevas, pero en otros casos, se trasladó personal de los Juzgados de Familia y Penal Juvenil, que antes atendían la materia, a estos despachos especializados.

También destacó que durante las giras a los siete despachos “…se realizaron reuniones con la participación de Jueces, Coordinadores y los Técnicos Judiciales de los Juzgados que en la actualidad conocen de la materia Penal Juvenil, así como, los Defensores y Fiscales, las jefaturas del OIJ y los profesionales en Trabajo Social y se expuso el estudio que dio origen a la especialización, y el proceso de conformación de los nuevos Juzgados. Además, se visitó el área donde se instalarán”, detalló la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins. Según explicó la Directora Administrativa, desde el Departamento de Personal se procura un proceso de integración entre el personal que integrará los nuevos juzgados, se gestionan los traslados de personal establecidos en los estudios técnicos, mediante la aplicación de criterios de selección objetivos. Además se brinda una guía y acompañamiento a la persona de los despachos judiciales en temas de gestión humana que se presentarán durante y después de la implementación de las nuevas oficinas.

Evaluación y mejoras

El acompañamiento y la evaluación del proceso de especialización se mantendrán presente durante la puesta en marcha y finalmente la consolidación de este proyecto, pues constituye un proceso de mejora continua a favor de la Jurisdicción Penal Juvenil. Desde esta perspectiva, se procura que los equipos de trabajo de los nuevos despachos especializados en penal juvenil puedan recibir una capacitación especializada en el tema. “Vamos a iniciar con un curso de especialización en penal juvenil en el OIJ en Limón. Este curso se irá replicando según los recursos con que se cuenten, con la finalidad de abarcar todo el país y se inicia con el OIJ porque se está contratando personal adicional para atender la materia penal juvenil de forma exclusiva y esto demanda una policía judicial especializada”, explicó la magistrada Arias Madrigal. Para Arias Madrigal, sin duda estos esfuerzos que desarrolla el Poder Judicial representan un cambio en el paradigma tradicional en la atención del servicio de administración de justicia penal juvenil, pues tiene como centro a la persona usuaria.

Una vez consolidado el proyecto, se tiene prevista una segunda parte que se espera promover para el 2015 y que tiene que ver con los volúmenes de trabajo de los juzgados penales juveniles ya existentes. “En algunas partes del país, aunque ya están especializados, tenemos algunos despachos con volúmenes de trabajo altísimos como es el caso del Juzgado Penal Juvenil de San José y Cartago. Aunque en el caso de San José se acaba de terminar un programa de moderna gestión, registran cerca de cuatro mil asuntos en el circulante, donde se destacan cinco jueces y juezas. Por lo que trabajamos desde ya para que San José cuente con un segundo juzgado penal juvenil, porque la jurisdicción, territorial es muy grande”, explicó Doris Arias Madrigal.que requieren mejora”, puntualizó la magistrada Doris Arias.

Para ello, ya se realiza un estudio técnico por parte del Departamento de Planificación sobre la afluencia de casos, con el fin de determinar de donde proceden, en el caso particular, los expedientes que se tramitan en el Juzgado Penal Juvenil de San José. “Con ello podremos identificar la mayor afluencia de casos y determinar qué lugar sería el adecuado para establecer un segundo despacho. Lo mismo ocurre con Cartago y Heredia, donde desde hace años funciona la especialización.

“El principal reto de los juzgados especializados es que podamos aplicar tanto el derecho nacional como el convencional y que podamos hacer efectiva la aplicación de los derechos fundamentales para las personas menores de edad en conflicto con la Ley Penal Juvenil, pero también los derechos que tienen las víctimas y las comunidades de verse libres de delitos y las personas menores de edad con un proyecto de vida que les permita superar este conflicto que tuvieron. Es un reto muy difícil pero que con compromiso de trabajo, con mejora continua, podemos realizarlo con éxito, porque las comunidades están dispuestas a ayudarnos para que estas personas salgan adelante y lo que la institución tiene que hacer es brindar esos servicios con calidad, entrega y dedicación” afirmó la magistrada Doris Arias.

Con el fin de dar seguimiento a la situación de los centros de privación de libertad del sistema penitenciario costarricense, la cual tiene estrecha e inmediata relación con el tema del respeto a los Derechos Fundamentales de la población es que este martes 15 de julio, se realizó una reunión en la cual participaron diferentes entes del Estado, relacionados con el tema. La reunión fue una iniciativa de la Comisión de Acceso a la Justicia, junto con la Subcomisión de Privados de Libertad del Poder Judicial, en cumplimiento con las Reglas de Brasilia.

La Magistrada Magda Pereira Villalobos, Coordinadora de la Subcomisión de Privados de Libertad aseguró que uno de los temas que más preocupa en este contexto es el hacinamiento de los centros penitenciarios del país, incluyendo los centros donde se encuentran personas menores de edad, descontando una sanción. “Estos temas están vinculados con los Derechos Humanos de las personas privadas de Libertad. Como país hemos cumplido con la adecuación de normativa interna, conforme a los Convenios y Tratados Internacionales, pero debemos reconocer que estamos en deuda en cuanto al cumplimiento de los mismos. El hacinamiento carcelario impide garantizar el respeto por los Derechos Fundamentales de las personas privadas de libertad, falta ejecutar acciones para mejorar los aspectos en salud, espacio físico, educación, cultura y otros”, aseguró Pereira Villalobos. 

Datos estadísticos revelados por la Defensa Pública indican que el promedio nacional de hacinamiento es de 38,4%, pues se contaba con un total de 9.707 espacios, pero la población privada de libertad ascendía a 13.435 personas. De manera que en números totales había una sobrepoblación de 3.728 personas. Las personas que participaron en esta reunión son aquellas que integran la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel sobre el hacinamiento carcelario que se integró, con el fin de generar acciones coordinadas entre los tres Poderes de la República con otros organismos que se encuentran comprometidos con el tema. El fin de esta última reunión fue conocer las iniciativas y perspectivas de las personas vinculadas con el tema, así como coordinar con los nuevos miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo y establecer acciones que permitan dar continuidad a las ya iniciadas, para mejorar las condiciones de la población privada de libertad. 

Además de la Magistrada Magda Pereira Villalobos, también participó la Magistrada Doris Arias Madrigal, Coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil, la Magistrada Carmen María Escoto Fernández, Coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia, el Licenciado Francisco Segura Montero, Director del Organismo de Investigación Judicial, la Licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, y demás integrantes de la Subcomisión de Privados de Libertad, así como Jueces de Ejecución de la Pena y otros funcionarios y funcionarias judiciales. 

La Comisión de Personas Usuarias de San Carlos en su Plan Anual Operativo 2014, estableció como objetivo gestionar capacitación sobre las Políticas de atención de personas en condición de vulnerabilidad aprobadas por la Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior, con el propósito de obtener los conocimientos necesarios para evaluar y realizar propuestas de mejora del servicio con mayor fundamento. Adicionalmente se consideró importante invitar a servidores y servidoras judiciales. Por ello, la Subcontraloría de Servicios coordinó con la Msc. Alejandra Monge Arias, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia, con el objetivo de desarrollar el taller denominado “Sensibilización para aplicar las Políticas Institucionales para mejorar el Acceso a la Justicia de las Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad”.

Dicha capacitación se desarrolló el pasado 30 de mayo de 2014, a la cual asistieron 27 personas, entre ellas, integrantes de la Comisión de Personas Usuarias de San Carlos, servidores y servidoras de todo el Circuito Judicial. En la actividad, la Magistrada Suplente Msc. Milagro Rojas Espinoza, quien es integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia y Coordinadora de las Comisiones de la Niñez y Adolescencia y, Personas Afrodescendientes brindó una explicación de las diferentes políticas institucionales, haciendo énfasis en la Política de Género y la Política de atención de Personas con Discapacidad. Por su parte, la servidora Monge Arias explicó las funciones de la Comisión de Acceso a la Justicia. En términos generales, se considera que el objetivo de la actividad se cumplió, obteniendo comentarios positivos de las personas asistentes sobre el tema desarrollado.

PODER JUDICIAL INTEGRA COMISIONES IBEROAMERICANAS
 
Magistrado y magistradas fueron designadas durante la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana.

El trabajo del Poder Judicial de Costa Rica en el ámbito iberoamericano se focalizará en los temas de ética, accesibilidad, ambiente y formación judicial, ante la reciente designación de tres magistradas y un magistrado costarricenses en las Comisiones de Trabajo de Cumbre Judicial Iberoamericana.

Dicha designación se realizó este jueves 3 de abril, en el marco de la celebración de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, que se lleva a cabo en Santiago de Chile.

Durante esta parte de la sesión plenaria, se dio la reelección del magistrado y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, José Manuel Arroyo Gutiérrez como integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

También se aprobaron las designaciones de la magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, quien integrará la Comisión de las Reglas de Brasilia, la magistrada suplente Damaris Vargas Vásquez, conformará la Comisión de Justicia Ambiental. Por su parte, la magistrada Doris Arias Madrigal formará parte del Consejo Directivo del Instituto de Altos Estudios Judiciales.