Equipo de trabajo de la Comisión de Acceso a la Justicia recibiendo una charla

Quienes Somos

En el marco de las Cien Reglas de Brasilia, el Poder Judicial de Costa Rica se comprometió con las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad en construir, revisar y supervisar la aplicación de los correspondientes mecanismos e instrumentos, para constituirse en garante de su efectivo acceso a la justicia.

 

La Comisión de Acceso a la Justicia es el órgano institucional rector en materia de acceso a la justicia de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y actualmente es coordinada por el Magistrado Jorge Olaso Álvarez.  Se encarga de diseñar políticas y lineamientos institucionales para mejorar el acceso a la justicia de estas poblaciones.

 

Para poder realizar esta labor, se encuentra estratégicamente articulada desde todos los ámbitos del Poder Judicial (Jurisdiccional, Auxiliar y Administrativo) e integra, además, a representantes de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.

 

En aras de lograr sus objetivos y trabajar de manera especializada con cada grupo, se han creado diferentes subcomisiones que diseñan sus planes operativos en función de objetivos comunes y específicos para cada población; estas subcomisiones son las que se detallan:

 

  • Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas en Situación de Discapacidad.
  • Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Indígena.
  • Subcomisión de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.
  • Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas Adultas Mayores.
  • Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Penal Juvenil.
  • Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Privada de Libertad.
  • Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.
  • Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Afrodescendiente.
  • Subcomisión contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género (Población LGBTIQ+

 

La Comisión de Acceso a la Justicia y la Unidad de Acceso a la Justicia -su órgano Técnico Ejecutor- se constituyen en agentes promotores de cambio y rupturas paradigmáticas dentro del ámbito del acceso a la Justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

No hace mucho, al hablar de “acceso” se evocaba la necesidad de construir rampas y ampliar puertas -sin restar importancia a estas acciones que aún hoy día son inherentes para garantizar el acceso físico a las instalaciones-, pero nos encontramos dentro de una etapa de cambio, hacia una justicia que debe ser más democrática, más abierta, más inclusiva, más sencilla -aunque siga siendo compleja- y definitivamente más accesible.

En su momento, el trabajo que realiza la Comisión de Acceso a la Justicia, inició como una respuesta institucional a la creciente necesidad de atender las demandas de eliminar barreras físicas para el acceso a la Justicia, o al menos a los edificios institucionales. Podríamos llamar a esta época como la de creación de puentes, en la que la preocupación se centraba en adecuar la infraestructura para facilitar el acceso a las personas usuarias con discapacidad, quienes hasta ese momento debían utilizar la puerta trasera de los edificios. Pero se ha venido trabajando en la institución para reconocer las diferencias que nos han permitido identificar las barreras que obstaculizaban el acceso a la justicia de diversos sectores de la población.  Barreras que -de más está decir- son reales y tangibles, pero no proceden únicamente de la materia tridimensional, sino de las múltiples dimensiones que caracterizan la naturaleza humana, como lo son la cultura, la actitud, la historia, el temor, las creencias, los saberes y los silencios, sólo por mencionar algunos.

El manifiesto interés por saldar esta deuda histórica con nosotros y nosotras mismas como población y sociedad convergió en un ámbito internacional de reflexión acerca del tema e impulsó la aprobación de cartas de derechos y reglas, ideadas para garantizar el acceso a la Justicia de poblaciones en condición de vulnerabilidad.  Proceso en el que nuestro país ha desempeñado un rol de liderazgo.

Y entonces ¿qué es la Comisión de Acceso a la Justicia? o, mejor dicho, ¿quiénes somos la Comisión de Acceso a la Justicia?  Es un ente que nos pertenece a todos y todas, quienes de alguna manera debemos hacer uso de los diferentes mecanismos para acceder a la justicia. 

 

Todas y todos podemos ser población en condición de vulnerabilidad en algún momento de nuestras vidas, porque nuestras circunstancias cambian en función de diversos factores, como la edad, situación social o económica, estado físico o mental, así como las creencias y prácticas religiosas o la ausencia de estas, pueden constituirse en motivos de discriminación y llegar a dificultarnos el ejercicio pleno de nuestros derechos. ¿Quién está exento de envejecer? ¿De enfermar? ¿De perder el trabajo o migrar? ¿Quién no fue niño o niña? ¿Quién no se ha sentido vulnerable alguna vez en su vida?

LA COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA, es de usted, para usted.

¿Qué es Acceso a la Justicia?

Antecedentes de la Comisión



Como parte de los compromisos del Estado costarricense con las poblaciones en condición de vulnerabilidad, el Poder Judicial de Costa Rica en la sesión extraordinaria de Corte Plena No. 17-2008, del 26 de mayo de 2008, artículo II aprobó las “Reglas de Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”. Estas Reglas, ofrecen tutela efectiva a los derechos de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y, por tanto, requieren un acceso efectivo a la administración de justicia, como derecho fundamental.

Descripción del quehacer de la Comisión



El acceso a la justicia es poder ofrecer a todas las personas sin distinción, las posibilidades de acceder al ejercicio, la defensa de sus derechos y obligaciones, al conocimiento y apropiación de estos, mediante un Sistema Judicial pronto y expedito, tomando en cuenta las necesidades particulares de las personas, especialmente los grupos vulnerables.


En seguimiento a los mandatos de las Reglas de Brasilia, el Poder Judicial de Costa Rica ha trabajado en la implementación de diferentes Políticas Institucionales y otros lineamientos, que ayudan a visibilizar y a generar medidas positivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.