Personas adultas mayores

Según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la ONU) para el año 2050 una de cada 4 personas en Latinoamérica, será una persona adulta mayor.

En Costa Rica se contabilizan más de trescientas mil personas adultas mayores, susceptibles en algún momento, de  ser usuarias de los servicios judiciales.

La edad es una de las causas que aumenta la probabilidad de presentar algún tipo de discapacidad, sumándose a otros factores como la pobreza y la pertenencia a minorías étnicas y religiosas, que potencian la posibilidad de sufrir discriminación y revictimización.

Esta población, que es reconocida por las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad (aprobadas por la Corte Plena de Costa Rica en mayo de 2008);  cuenta con una Política para garantizar el adecuado acceso a la justicia de la población adulta mayor, aprobada por la Corte Plena ese mismo año, y una Subcomisión para Personas Adultas Mayores.

Algunos de los objetivos de esta política son: garantizar el reconocimiento de las personas adultas mayores, como personas plenas de derechos y obligaciones, adecuar los servicios institucionales a las necesidades particulares, simplificar trámites y requisitos, promover su autonomía.

Producto de su aplicación la política ha facilitado, garantizar medidas afirmativas idóneas, proporcionales y necesarias; contabilizar los expedientes que corresponden a esta población, brindar un tratamiento preferente y agilizar trámites, a través de casillas especiales para la ubicación de expedientes, cuyo color (marrón) les caracteriza. Asimismo, sensibilizar al personal judicial para brindar una mejor atención, incluyendo la realización de audiencias in situ.