Plan Piloto de brazaletes electrónicos para personas privadas de libertad iniciará a finales del 2015
- Comisión trabaja en busca de soluciones alternativas para disminuir índices de hacinamiento carcelario y costo carcelario.
- Al Estado le cuesta aproximadamente ¢9.600.000 al año cada privado de libertad
Mujeres vulnerables privadas de libertad y que tengan hijos a su cargo o bien personas con alguna enfermedad en fase terminal, son parte de la población penitenciaria que podría beneficiarse con la utilización de brazaletes electrónicos. Se espera que para finales de este año se ponga en marcha el Plan Piloto de Mecanismos de Seguimiento Electrónico en materia penal, conocido como la colocación de brazaletes, así se informó durante la reunión de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel sobre Hacinamiento Carcelario, realizada este miércoles 29 de julio en la Corte Suprema de Justicia. El perfil de las personas que utilizarán los brazaletes está establecido por ley y se podrá utilizar en población con penas menores a seis años.
“No pueden optar por este sistema quienes hayan cometido delitos violentos, vinculados a temas de crimen organizado, tráfico de drogas o delitos sexuales contra menores de edad, ni tampoco delitos donde se haya utilizado arma de fuego. La persona que utilice este sistema debe demostrar un plan de vida que permita asegurar un cambio para su reinserción social”, señaló la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante.
Este sistema coadyuvaría a disminuir los índices de hacinamiento carcelario. “Es un tema de Estado, debemos trabajar en forma interinstitucional para mejorar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y respetar sus derechos humanos” indicó el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez. El Plan Piloto iniciará con la utilización de 200 brazaletes. El perfil de las personas privadas de libertad estará a cargo del Instituto Nacional de Criminología.
“Estamos en la etapa de esperar la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al proceso de contratación. En el proceso de licitación participaron seis empresas y ahora se debe analizar cuál de esas será la que continuará con el proyecto. Es importante el tipo de control que ofrecerán” indicó la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero.
Actualmente, al Estado le cuesta aproximadamente ¢9.600.000 al año cada privado de libertad, según la Defensa Pública. La Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial indicó el apoyo a la nueva jerarca del Ministerio de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero para que se continúe trabajando de forma interinstitucional contra el hacinamiento carcelario y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en los que resaltó las personas indígenas. La Comisión Interinstitucional de Alto Nivel sobre Hacinamiento Carcelario es impulsada por el Poder Judicial y coordinada por la Defensa Pública. Está integrada por el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistradas, Defensa Pública, representantes de la Asamblea Legislativa, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Presidencia, Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes, Caja Costarricense de Seguro Social, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Instituto Nacional de Aprendizaje, Mecanismo de la Prevención contra la tortura y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente.