PODER JUDICIAL FOCALIZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL HACIA POBLACIONES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 26/02/14
Destacan fructíferas relaciones de cooperación entre la Unión Europea, el Programa EUROsocial II y el Poder Judicial, a favor del fortalecimiento de la cohesión social y de una justicia más inclusiva y accesible para las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Un impacto en el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, fue el eje central del trabajo que emprendió el Poder Judicial de la mano de la Unión Europea y el Programa EUROsocial, durante el 2013, el cual se continuará este 2014. Los compromisos asumidos por parte del Poder Judicial de Costa Rica, dentro de la cooperación europea han marcado los primeros 12 meses de trabajo, permitiendo alcanzar exitosos resultados en cada uno de los proyectos propuestos, gracias al trabajo conjunto de la Presidencia de la Corte, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Programa EUROsocial II, a través de France Expertise Internacionale, socio coordinador y responsable de la ejecución del Ýrea de Justicia y Seguridad.
Para la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Zarela Villanueva Monge, el Sistema de Administración de Justicia costarricense tiene muy claro el papel dentro de la Democracia, en un tema de tanta trascendencia como es el derecho al acceso a la justicia, el cual debe ser efectivo. “De ello se desprenden una serie de acciones tendientes al establecimiento de una política pública para resguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, que son una población relevante para el Poder Judicial. Es por ello que identificamos las prioridades institucionales sobre las áreas que estimamos que requerían un mayor impulso, desde la cooperación técnica internacional a través del Programa EUROsocial II. Nuestro objetivo tuvo como norte el fortalecimiento en la aplicación y diseño de políticas públicas de acceso a la justicia y el resguardo del acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables, en cada uno de los proyectos propuestos y finalmente ejecutados”, destacó Villanueva Monge.
Para la máxima jerarca judicial costarricense, los proyectos tuvieron como ejes de trabajo las características fundamentales de las políticas públicas dictadas por Corte Plena en temas de género y acceso a la justicia de poblaciones en condición de vulnerabilidad, que tomaron en consideración las diferencias de las personas, sus condiciones sociales, económicas y culturales, desde el trabajo que realizan las diversas comisiones judiciales. “El trabajo de nuestras comisiones para garantizar el acceso a la justicia se ha visto fortalecido desde el apoyo técnico brindado por el Programa EUROsocial II, pues los beneficios son muy amplios y dirigidos a diversas poblaciones en condición de vulnerabilidad que atendemos desde la Administración de Justicia. Tal es el caso de las poblaciones migrantes y refugiadas en la zona norte de nuestro país, específicamente en Upala, en materia de atención de la violencia doméstica; las personas con alguna discapacidad auditiva y psicosocial, que son temas novedosos que trabajamos en estos proyectos, que promueven una atención especial. A esto se suman las propuestas para el reforzamiento de la Defensa Pública en temas relacionados con el servicio hacia las personas privadas de libertad y el seguimiento de la etapa de ejecución de la pena y el impulso a los mecanismos de resolución alterna de conflictos que involucra a todo el Sector Justicia y dimensiona una forma diferente de resolver los conflictos, mediante una cultura de paz”, detalló la magistrada Zarela Villanueva Monge.
Una amplia experiencia y una formación de alto nivel con especialistas internacionales en temas como conciliación, justicia restaurativa y comunicación institucional son parte de los grandes aportes obtenidos por el Poder Judicial y sus funcionarios y funcionarias judiciales participantes en la cooperación internacional del Programa EUROsocial II, que se suman a las visitas de estudio fundamentalmente, a países europeos, para conocer y observar buenas prácticas en la atención de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, que permitieron el enriquecimiento de los proyectos costarricenses y sin duda, un impacto en el trabajo que desarrolla, desde hace años, el Poder Judicial en el mejoramiento del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, así lo destacó Cristina Rojas Rodríguez, Jefa de la OCRI. “Todo este trabajo conlleva un cumplimiento de los derechos humanos y de los mandatos constitucionales, que impactarán no solo en nuestro país sino también, a través de buenas prácticas institucionales, que una vez consolidadas, podrían asumir otros países de la región iberoamericana, en beneficio del servicio de administración de justicia”, afirmó Rojas Rodríguez.
Proyectos en detalle. El Poder Judicial de Costa Rica trabaja en dos ejes temáticos del Programa EUROsocial II, como lo son Justicia e Institucionalidad Democrática. Es así como en materia de Justicia se enmarcan 6 proyectos, cuya continuación fue aprobada para este 2014.
Acceso a la Justicia. En esta temática, el Poder Judicial de Costa Rica, a través de la Unidad de Acceso a la Justicia de la Secretaría Técnica de Género y con la Asesoría Técnica de la Fundación Abogacía de España, trabajó en la elaboración de dos ial es pionero en esta materia en la región iberoamericana, por ser el primer Poder Judicial en el área de trabajar dirprotocolos de atención, uno dirigido a la población con alguna discapacidad auditiva, donde se incorporan mecanismos para la identificación y contratación de intérpretes en Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) y los requisitos que deberán cumplir para que puedan fungir como tales, en los procesos judiciales, y el otro sobre la atención de las personas con alguna discapacidad psicosocial, en cuanto a normas de sensibilización hacia la población judicial, ante los requerimientos, necesidades y atención de estas personas. “El Poder Judicectamente para garantizar el acceso a la justicia de la población con alguna discapacidad psicosocial”, destacó Cristina Rojas de la OCRI. Ambos protocolos fueron aprobados recientemente por el Consejo Superior.
Acceso al Derecho. La construcción de un modelo de atención para víctimas de violencia doméstica, dirigido a la población migrante y refugiada, fue el proyecto que se ejecutó en la zona de Upala, por parte de la Comisión de Migrantes y Refugiados del Poder Judicial, a través de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), con la participación de la Municipalidad de Upala, la Fundación Senderos y la asesoría técnica de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Italia (IDLO).
El exitoso proyecto tuvo como fin el desarrollar un novedoso mecanismo de articulación, para orientar, asistir y proteger a las mujeres, mediante el establecimiento de una ruta clara de atención y protección con especificidad en migración y refugio.
“El modelo de atención a las víctimas de violencia doméstica ha sido tan exitoso, que el municipio de ese cantón tomó la decisión de crear la primera casa de atención a mujeres víctimas de violencia, ante el convencimiento del modelo. Para este 2014, con el fin de consolidar el proyecto, se está por replicar en la zona de Guápiles. Una vez que se estandarice y verifique dicho modelo, podría ser compartido con otros países de la región que atienden esta problemática social y que trabajan especialmente con la población migrante y refugiada, pero no exclusivamente”, detalló Rojas Rodríguez.
Mecanismos Alternos de Resolución de Controversias (MASC). El proyecto contempla tres componentes, la Justicia comunitaria que ejecuta la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz, la conciliación judicial a cargo del Centro de Resolución Alterna de Conflictos y la Justicia Restaurativa, a cargo del Programa de Justicia Restaurativa, bajo la coordinación de la magistrada Doris Arias Madrigal, ambas del Poder Judicial.
De esta manera, en lo competente a la institución judicial, en el tema de la Conciliación Judicial, el trabajo se enfocó en el ámbito penal con la participación del Centro de Resolución Alterna de Conflictos bajo la dirección del magistrado Rolando Vega Robert. Esto permitió el levantamiento de un informe sobre el estado actual de los mecanismos alternos de resolución de conflictos, así como el establecimiento de una serie de recomendaciones específicas para su mejora y el diseño de un plan nacional para el fortalecimiento de los Centros RAC, a través de la cooperación de EUROsocial II.También se diseñaron mecanismos de sensibilización dirigidos a la población judicial para incentivar el uso de los mecanismos RAC, así como la elaboración de una estrategia de comunicación donde se contó con la participación de expertos internacionales y del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial. Además, contó con talleres de capacitación dirigidos a conciliadores judiciales y quienes trabajan en justicia restaurativa.
Defensorías Públicas. En esta ocasión, la Defensa Pública de Costa Rica tuvo la oportunidad de participar como oferente en los programas de cooperación técnica internacional en uno de los dos componentes fundamentales, como lo fue la propuesta de la puesta en marcha de sistemas de videoconferencias para facilitar el monitoreo de las condiciones de detención y facilitar el servicio de las defensorías públicas e incluso la comunicación familiar de las personas privadas de libertad, mediante los servicios de cooperación internacional triangular, financiadas por EUROsocial II, a cinco países. Chicle, Argentina, Ecuador, Honduras y Guatemala, donde participaron la AIDEF y la Defensa Pública de Costa Rica.
El otro componente comprendió el fortalecimiento de las defensorías públicas en la fase de ejecución de la pena, cuyo objetivo es la creación y fortalecimiento, según los casos, el Departamento, División o Unidad de Ejecución de la Penal, con la participación de cuatro expertos españoles en el tema.La asesoría técnica se recibió de Justice Coopération Internationale - JCI de Francia y la Fundación Abogacía Española. Para el 2014, el Programa EUROsocial analiza la solicitud de dos países de la región para recibir la cooperación técnica internacional en el tema de videoconferencias.
Protocolo de atención-Género. Durante el 2013 se trabajó por parte de la Fiscalía General de Costa Rica, cuya representante es la Fiscal Adjunta de Violencia de Género, Eugenia Salazar Elizondo, a través de su Oficina de Relaciones Internacionales y junto a fiscales de Panamá, Brasil, Paraguay y Nicaragua, en la construcción de un modelo de protocolo para investigar con perspectiva de género los delitos de violencia contra las mujeres, un protocolo para atención de estas víctimas y los mecanismos de coordinación para la operatividad y aplicación en la práctica de dichos protocolos. Para este 2014, EUROsocial II aprobó una extensión del proyecto, para la concreción de los documentos y donde se contará con la participación activa de la Secretaría Técnica de Género.En este programa se cuenta con la coordinación de Carmen de la Fuente, fiscal de España, y Luz Entrena, que labora para el COMJIB.
En el Ýrea de Institucionalidad Democrática, el trabajo iniciará este 2014, con el proyecto “Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción”. El objetivo del proyecto es ayudar a todas las instituciones públicas que tienen que ver con estas materias, para establecer y fortalecer todos los mecanismos de coordinación institucional que permitan la adecuada lucha contra la corrupción. Por parte del Poder Judicial de Costa Rica, se contará con la participación del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que trabajarán con el Ministerio de Hacienda en el tema de control fiscal, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Ética, el Ministerio de Justicia y Paz y la Defensoría de los Habitantes.
Para la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Zarela Villanueva Monge, la cooperación técnica internacional recibida de la Unión Europea, a través del Programa EUROsocial, “…es una manera efectiva de fortalecer los lazos que debe tener la humanidad, para caminar hacia el progreso, para compartir necesidades y avances. Agradecemos la cooperación europea recibida, pues nos permite tener plena convicción de que un mundo mejor podrá construirse con este tipo de asistencia técnica internacional donde todos y todas somos actoras para un mundo mejor”.
El Programa EUROsociAL II es un Programa financiado por la Unión Europea cuyo objetivo fundamental es promover la cohesión social en América Latina. Es la continuación del Programa EUROsocial I que se ejecutó en los años 2004 a 2009 para el apoyo de políticas públicas nacionales, dirigidas, a mejorar los niveles de cohesión social y fortalecer las instituciones que llevan a cabo dichas políticas.
